El Presidente Alberto Fernández anunció que impulsará una «querella criminal» para identificar a los autores y participes del endeudamiento asumido durante el gobierno de Mauricio Macri, por unos US$55.000 millones, al que calificó como «la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
«Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo», expresó Fernández al promediar su extenso discurso.
«Ya en 2018 la Argentina fue sumergida en una nueva y profunda crisis en la balanza de pagos, en una grave recesión, en una caída de los niveles de actividad y de los ingresos reales y en un aumento notorio del desempleo, la pobreza y la indigencia. Como si esto fuera poco, cuando el país perdió el acceso al financiamiento internacional, el Gobierno anterior solicitó el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional», dijo el Presidente.
Pedidos al Congreso: Ganancias y reforma judicial
El Presidente pidió al Congreso Nacional la sanción del proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias, que permitirá beneficiar a mas de un millón de trabajadores, así como la aprobación de las modificaciones en el Poder Judicial y el Ministerio Público, y anunció el envío de un conjunto de iniciativas para mejorar el acceso a la justicia.
Además, pidió que se apruebe la reforma judicial sancionada por el Senado, y la modificación de la ley del Ministerio Público para designar el Procurador General de la Nación, y anunció un conjunto de proyectos sobre recurso extraordinario ante la Corte Suprema, juicios por jurados y Consejo de la Magistratura.
Fernández anunció que enviará al Congreso un Proyecto de Ley para declarar la emergencia en los servicios públicos y regulados, que permita avanzar en la tarea de «desdolarizar» las tarifas y «adecuarlas a una economía que tiene sus ingresos en pesos».
«Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva», remarcó Fernández en la Apertura de las Sesiones Ordinarias del Parlamento, en la que prometió ponerle fin «al martirio» de tener que elegir «entre comer o pagar la luz y el gas».
Tras asegurar que «la pesadilla de tener que decidir entre alimentarse o pagar los servicios públicos, la incertidumbre permanente de no saber cuánto iba a venir de luz y gas ha llegado a su fin», el Presidente destacó la importancia de «marcar un sendero en el precio de las tarifas para el próximo año».
Lucha contra la violencia de género como política de Estado
La lucha contra la violencia de género como política de Estado en el marco de un «gran consenso» social y una reforma judicial que incluya la perspectiva de género para evitar que los femicidios «se consumen sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlos» fueron parte de los anuncios realizados hoy por el presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa que inauguró el 139° período de sesiones ordinarias.
«Quiero proponerles que convirtamos a la lucha contra la violencia de género en una política de Estado y una política de la sociedad. Lo hicimos con ‘Memoria, verdad y justicia», dijo el primer mandatario. Y enfatizó: «Ahora vamos a hacerlo también con la intolerancia a estas violencias».
Fernández enumeró las acciones en marcha para prevenir y acompañar situaciones de violencia, encuadradas dentro del Plan contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MGyD).
Vacunación y pandemia
Alberto Fernández sostuvo que «aún con mucho dolor» tomó «las decisiones que correspondían» en relación a las anomalías detectadas en el plan de vacunación, y ratificó que en ese proceso «hay prioridades y las reglas se deben cumplir».
«Si se cometen errores, la voluntad del Presidente es corregirlos de inmediato», dijo el mandatario al brindar su mensaje ante al Asamblea Legislativa.
El mandatario aseguró que nunca se había lanzado una política de alcance «sanitario, social y económico» como la diseñada para paliar la crisis que generó la pandemia de coronavirus.
Entre otras medidas, mencionó la tarjeta alimentar, el IFE, las disposiciones para evitar despidos o ayudar a empresas a pagar sueldos, así como la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados, y otras que impulsaron el diálogo con empresarios y sindicatos para contribuir a las discusiones salariales, la ley de los 1.000 días para el embarazo.Críticas al Poder Judicial
El mandatario consideró que el Poder Judicial de la Nación está en «crisis» y que es el «único poder que parece vivir en los márgenes de la democracia».
«La reforma del Poder Judicial en su más amplias dimensiones es una demanda impostergable de la sociedad», sostuvo el mandatario ante la Asamblea Legislativa, y añadió: «Quisiera que en mis críticas al sistema judicial nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a alguien».
El mandatario recordó que en Argentina «hay un fiscal procesado por delitos severos como el espionaje ilegal o extorsión que sigue en funciones como si nada», en una alusión a Carlos Stornelli, a quien no nombró.
En tanto, le pidió al Congreso de la Nación que asuma el rol de «control» del Poder Judicial que le otorga la Constitución Nacional ante los «desvíos» en los que está incurriendo ese poder del Estado, y mencionó el caso del juez Gustavo Hornos y sus visitas al expresidente Mauricio Macri, sin mencionarlo directamente sino el caso.
Obra pública
El Presidente sostuvo que la obra pública ha sido prioritaria y lo será más aún en 2021, al tiempo que resaltó que lo será «sin favoritismos ni exclusiones».
«Al inicio de nuestra gestión encontramos el 70% de las obras paralizadas; reactivamos 270 obras públicas sin favoritismo ni exclusiones, porque creemos en la Argentina unida», dijo el mandatario al dar su mensaje ante la Asamblea Legislativa.
Fernández resaltó que «hoy tenemos más de 1.000 obras en ejecución en las 24 jurisdicciones y llevamos el plan Argentina hace a cada rincón del país con el que alcanzaremos 2.300 municipios con obras de ejecución rápida y mano de obra local».
Entre las obras en ejecución, mencionó viales, hídricas, de agua potable y saneamiento, infraestructura social, patrimonial, sanitarias y de seguridad, y destacó que «pueden observarse y controlarse en la web porque llevamos adelante una gestión de cara a la gente y abierta a la participación ciudadana».
El jefe de Estado convocó a «un gran Acuerdo Federal por la Igualdad Educativa» y criticó al gobierno de Mauricio Macri, al que responsabilizó de haber «desinvertido de manera sistemática en la educación, con una caída de más del 30 % del presupuesto» en esa área, al inaugurar el 139º periodo de sesiones ordinarias.
«A finales de 2015, alcanzamos el 6,1% del PIB en inversión educativa de la Nación y de las 24 jurisdicciones. Al concluir 2019, dicha inversión descendió a 4,9 %», puntualizó el jefe de Estado.
También apuntó que durante la gestión anterior a su presidencia «se había abandonado la política de modernización digital de nuestras escuelas, una acción que había logrado el reconocimiento internacional con la entrega de más de 5 millones de computadoras».
«Con semejantes políticas, perdieron las familias argentinas, perdieron nuestras niñas y nuestros niños, perdieron nuestros docentes», evaluó y agregó que «es el diálogo y los grandes acuerdos nacionales los que permiten hacer de la educación una política de Estado y no solo una acción de gobierno».
Derechos Humanos
El Presidente destacó «la recuperación del rol del Estado en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia» y señaló que en un año «se triplicaron las presentaciones como querellante» por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
«El respeto a los derechos humanos es el pilar central de nuestra identidad como Nación», afirmó el Presidente en su discurso.
El Presidente también destacó el restablecimiento de la entrega del premio Azucena Villaflor de De Vincenti, «instituido en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner», destinado a reconocer a los ciudadanos y/o entidades que se hubieren destacado por su trayectoria cívica en defensa de los derechos humanos.