En una sesión marcada por fuertes cruces políticos, la Cámara de Diputados aprobó con amplia mayoría el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para reformar el Régimen Penal Juvenil. La iniciativa propone reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años y establecer nuevas herramientas judiciales y de asistencia para jóvenes en conflicto con la ley. El texto ahora deberá ser tratado por el Senado para su sanción definitiva.
La iniciativa obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, con el respaldo de bloques como La Libertad Avanza, PRO, UCR y otras fuerzas provinciales. El peronismo votó en contra en general, pese a que algunos sectores habían anticipado apoyo parcial en determinados artículos.
El proyecto establece como eje central la reducción de la edad de imputabilidad y fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves, entre ellos homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros.
Al mismo tiempo, incorpora medidas alternativas para delitos con penas menores a 10 años, como:
- Servicios comunitarios
- Prohibición de acercamiento a la víctima
- Monitoreo electrónico
- Reparación del daño
- Restricciones de circulación
- Amonestaciones judiciales
Enfoque en centros especializados
La propuesta prevé la creación de institutos específicos para menores, donde se garantice acceso a educación, atención médica y tratamientos contra adicciones. Además, prohíbe la convivencia con detenidos adultos y exige personal especializado en infancia y adolescencia.
También habilita herramientas como mediación penal juvenil y suspensión del proceso a prueba en infracciones leves, con participación de las víctimas, quienes tendrán derecho a información, asistencia psicológica y representación legal.
Argumentos a favor y críticas
Desde el oficialismo defendieron la reforma al sostener que la normativa vigente es obsoleta y no brinda respuestas ni a víctimas ni a jóvenes en conflicto con la ley. Legisladores destacaron que el proyecto fue elaborado tras más de un año de debate con especialistas y la evaluación de múltiples iniciativas.
Desde la oposición, en tanto, cuestionaron el enfoque punitivo y reclamaron políticas integrales vinculadas a educación, salud mental y prevención social del delito, señalando que la problemática no se resolvería únicamente con la modificación de la edad penal.
Recursos y próximos pasos
El texto incluye partidas presupuestarias por más de $23.700 millones para implementar el régimen, luego de negociaciones con gobernadores que reclamaban financiamiento nacional.
Con la media sanción obtenida, el proyecto será tratado en el Senado, donde continuará el debate sobre una de las reformas penales más sensibles de la agenda política actual.
