El gobernador Kicillof encabezó la presentación de 6 propuestas de actualización normativa con el fin de agilizar los procesos judiciales y dotar de mayor transparencia a la gestión provincial.
Junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el secretario General de Gobierno, Federico Thea; y la vicegobernadora Verónica Magario; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio a conocer los lineamientos de los anteproyectos de ley que están siendo trabajados por el Poder Ejecutivo y que serán publicados en un plazo de 60 días para iniciar un proceso de participación y discusión con la sociedad civil, previo al envío formal de los proyectos a la Legislatura.
En ese marco, Kicillof destacó que “a pesar de la pandemia, estamos decididos a abordar una agenda de actualización normativa basada en una amplia participación popular”. “Queremos que la Provincia cuente con leyes que permitan avances en materia de equidad, igualdad, eficacia, velocidad de respuesta y, sobre todo, que garanticen un acceso más democrático y universal a la Justicia”, señaló.
Foto: Mariano Sanda
“No venimos a presentar un paquete cerrado de propuestas, sino que estamos dando el puntapié para una discusión en la que todos los sectores puedan estar presentes y hacer sus aportes”, afirmó el Gobernador, al tiempo que indicó que “en máximo 60 días los anteproyectos estarán disponibles en una plataforma virtual para que universidades, ONGs, colegios de abogados, asociaciones de magistrados, sindicatos y toda la comunidad pueda conocerlos, discutirlos y colaborar con la forma final en la que serán presentados ante la Legislatura”.
El ministro Alak subrayó “la necesidad de cubrir los vacíos normativos que se han generado en los últimos años para acercar la Justicia a toda la población”. “Apelando a una amplia participación ciudadana, esta agenda para el 2021 tiene como primer objetivo sintetizar las normas más urgentes que necesita la provincia de Buenos Aires”, agregó.
“Esta agenda se puede abordar a partir de la decisión política del gobierno y la voluntad de la sociedad para participar en vistas de una Provincia más justa, equitativa e inclusiva”, enfatizó el Ministro.
Thea explicó que «necesitamos que los jueces y juezas estén dotados de las mejores herramientas legales y procesales para resolver de un modo adecuado y justo los conflictos que los y las bonaerenses llevan a los tribunales». Sostuvo en tal sentido que «esta situación demanda una actualización normativa que tenga como ejes la igualdad, informatización, lenguaje claro, oralidad, acceso a la justicia, celeridad en los procesos y simplificación de trámites».
Además, estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; la ministra de Gobierno, Teresa García; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermín. También participaron de forma virtual legisladores, legisladoras y referentes de los distintos ámbitos que serán involucrados en el debate.
“Todos y todas están invitadas a ser protagonistas del proceso de actualización normativa de la provincia de Buenos Aires”, concluyó Kicillof.
Las propuestas
Los ejes presentados son 6 propuestas de actualización de códigos y leyes de la Provincia.
Una de ellas es la de un nuevo Código Procesal de Familias, Civil y Comercial que incorpore los principios del Código Civil y Comercial y las leyes de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Mujeres, Salud Mental, Defensa del Consumidor y Mediación; que reconozca la existencia de condiciones de vulnerabilidad, tenga perspectiva de género y que permita la realización de trámites procesales ajustados a cada problemática, con la implementación de tecnologías y un sistema ágil de notificaciones.
Dentro de las normas propuestas se encuentran también la Ley de Procedimiento Laboral N° 15.057, la Ley de Régimen Pericial, la Ley de abogada y abogado del Niño, Niña y Adolescente, y una Ley de Responsabilidad del Estado.
Finalmente se propone una Ley de Ética Pública y Transparencia a través de la implementación de un sistema de promoción, impulso y garantía de la ética pública; la integridad y la transparencia en el ámbito provincial con claridad en la delimitación de los principios, deberes y obligaciones de funcionarios y funcionarias; y capacitaciones obligatorias para la administración pública.